Ayer, luego de arduas negociaciones y especulaciones, el Senado de la Nación aprobó en el recinto la modificación del código electoral para implementar un sistema de votación de Boleta Única Papel. Este punto es sin duda el resultado de años de trabajo de diversos actores sociales, académicos y políticos que bregaron por modificar un sistema a toda vista vetusto e ineficiente.
La implementación de la boleta única de papel en Argentina es una medida necesaria que va a mejorar la transparencia y la igualdad en el sistema electoral. Desde hace décadas, los argentinos venimos lidiando con un sistema de boletas partidarias que es ineficiente, costoso y vulnerable a diversas formas de manipulación. Hasta ahora, el viejo sistema obligaba a cada partido a diseñar, imprimir, distribuir y custodiar sus boletas el día de la elección, lo que generaba una competencia desigual y llena de obstáculos para las agrupaciones con menor aparato partidario. Por eso no es de extrañar el faltante de boletas de algunos partidos minoritarios, o que a falta de fiscales, en algunos lugares ni siquiera estén las boletas de ciertos candidatos, privando a los votantes la posibilidad de elegir con libertad.
Bajo este nuevo sistema, todas las opciones políticas estarán representadas en una única boleta, gestionada y distribuida por el Estado. Así, se elimina la disparidad que hoy existe entre los partidos que pueden reponer boletas durante todo el día y los que no. En un país donde las elecciones deberían ser la expresión máxima de la igualdad, la boleta única asegura que todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan o qué recursos tengan los partidos, puedan votar por la oferta electoral completa. Esta es la verdadera democracia, la que no deja a nadie fuera del proceso electoral.
Ahora bien, repasemos algunos datos para entender el trasfondo de la reforma. En 2023 las elecciones nacionales tuvieron un costo total presupuestado de más de 90 mil millones de pesos, aproximadamente unos 165 millones de dólares al cambio CCL del momento. De ese monto, 128 millones fueron presupuestados para la compra de sobres donde meter las boletas y 562 millones en útiles escolares para las autoridades. Sin contar todo esto, se gastaron más de 8 mil millones de pesos solamente en la impresión de boletas en las PASO, a partir de la presentación de 97 boletas en las distintas categorías, y más de 13 mil millones entre las tres elecciones. Está claro que un país en crisis socioeconómica como el nuestro, no puede darse el lujo de gastar cuantiosas sumas en una elección. Uno de los ejes de campaña que votó el pueblo argentino fue el ajuste en el gasto público, y en particular el gasto político. Queda claro que un sistema electoral que exige a los contribuyentes esas cantidades astronómicas de dinero necesita de un ajuste fuerte, máxime teniendo en cuenta que se vota al menos 2 veces cada 2 años a nivel nacional.
Deteniéndose brevemente en el tema de la eficiencia del reparto de ese dinero, podremos notar que en las últimas elecciones se viene dando un fenómeno que es la presentación de las listas “fantasma” que solo se presentan para cobrar el monto de impresión de boletas que brinda el Estado, pero luego no aparecen en todos los cuartos oscuros del país. Para darse una idea, en las últimas elecciones PASO se presentaron en la categoría presidente y vice un total de 15 alianzas electorales que recibieron 103 millones de pesos cada una para impresión de boletas. De todas ellas, solamente el 33% superó las PASO y más de la mitad no alcanzó los 100 mil votos sumando todas sus listas internas.
Por último, vale destacar el enorme costo de movilización de fiscales a lo largo y ancho del país que exige este sistema de boleta sábana. Solamente en el ballotage de 2023 se calcula que el costo de fiscalización fue de más de 2 mil millones de pesos por fuerza política. Si bien hay muchos fiscales 100% voluntarios, la mayoría cobra una colaboración por el día de trabajo. Un fiscal en el año 2023, en sus distintas elecciones, podía cobrar entre 10 mil y 20 mil pesos, más almuerzo. Si a ese número lo multiplicamos por las más de 400 mil mesas electorales, y le sumamos el costo de logística y reposición de boletas, nos da como resultado números imposibles de cumplir para las fuerzas políticas pequeñas o no tradicionales. De hecho, en las PASO y generales del último año se repitieron diversos faltantes de boletas de la alianza electoral que resultó ganadora por no poder poner 1 fiscal en cada mesa.
Frente a estos fenómenos creemos que el sistema de boleta única intenta solucionar estas y otras fallas, como por ejemplo el lento y engorroso sistema de conteo que rige hoy día; la dificultad en elegir candidatos de diferentes fuerzas por el corte de boleta; los cuartos oscuros con infinidad de papeletas donde se “pierden” muchas veces algunas boletas; etc.
La sociedad apoya el uso de la BUP como puede apreciarse en múltiples encuestas de opinión: a modos de ejemplo, en una encuesta nacional de Poliarquía el 70% de los encuestados consideraron importante que no falten boletas al estar todos los candidatos incluidos en una boleta única de papel, y en una encuesta nacional de Zuban Córdoba el 72% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo en que se vote con boleta única papel.
Incluso ya hay antecedentes de aplicación de la boleta única en varias provincias argentinas y en muchos países de América Latina. Córdoba y Santa Fe son ejemplos claros de cómo este sistema puede funcionar bien en nuestro país.
En síntesis, la boleta única asegura transparencia, reduce costos logísticos, minimiza el derroche económico, centralizando en el Estado la producción, distribución y reposición de boletas, limita la intervención de partidos, favorece a los pequeños partidos con bajos recursos y, sobre todo, iguala a todos los partidos en el proceso electoral. Es una reforma necesaria para fortalecer la democracia en Argentina.