El artículo publicado el 5 de noviembre en el diario La Nación bajo el título “Educación sexual para cuidar a los más jóvenes”, pone de manifiesto, otra vez, cómo el debate sobre este tema está atravesado por una serie de intereses ideológicos que le hacen perder legitimidad.
Dice la autora que “el 4 de septiembre se llegó a un dictamen de amplio acuerdo para que la norma (se refiere a la ley de ESI) pasara a ser de orden público” y que “un grupo de personas… cuando hubo dictamen estalló en un grito: con mis hijos no te metas… (para) negar el acceso a la educación sexual a alumnos y alumnas…” Lo que no dice es que, junto con la exigencia de que la ley fuera de orden público, se incluye otras reformas que son las que, justamente, generan el rechazo.
Está claro que nadie se opone a que una ley sea aplicada en todo el territorio nacional, de hecho es lo que se espera que suceda. El problema está en la introducción de una serie de elementos que atentan contra derechos que los padres tienen frente a la educación de sus hijos. Derechos que, por otra parte, están respaldados por algunos tratados internacionales como La Declaración de los derechos del niño o El Pacto de San José de Costa Rica e incluso por la misma ley de Educación Nacional.
La reforma incluye dos aspectos sumamente cuestionables: el primero, imponer la “perspectiva de género” como la única forma posible de abordaje del ser humano. Además, esta educación debe ser “científica”, y es aquí donde quienes redactaron la reforma caen en una importante contradicción: la perspectiva de género es una construcción social o cultural cuyos postulados son antagónicos a lo que ciencias como la Biología, la embriología o la neurociencia afirman sobre la sexualidad humana.
Perspectiva de género científica es un oxímoron.
El segundo aspecto es el intento de eliminar el artículo 5 de la ley vigente que garantiza a los establecimientos educativos el derecho de impartir educación sexual de acuerdo con el propio ideario.
A esto se suma que la reforma incluye toda una serie de afirmaciones de tipo discriminatorio hacia aquellos que tuvieran una visión diferente. Como sucede siempre en estos casos, quienes se embanderan bajo el respeto y la tolerancia, denostan y avasallan a quienes piensan distinto a ellos. Al menos paradójico.
Lo cierto es que la ley de educación sexual existe desde el año 2006. ¿No será el momento de plantearnos por qué, a pesar de su existencia, no hemos logrado disminuir los embarazos adolescentes o las ETS? ¿Vamos a quedarnos en la respuesta simplista de creer que es porque “la ley no se aplicó correctamente”? Incluso suponiendo que esto fuera cierto, ¿una reforma a la ley garantizaría su aplicación? Cualquier persona razonable tendería a pensar que los problemas son más profundos. Por un lado del sistema educativo que es incapaz de garantizar a los niños y jóvenes los derechos básicos por los que supuestamente le corresponde velar. Por el otro, la gran cantidad de argentinos que ni siquiera acceden a la escuela o la abandonan en forma muy temprana. ¿Qué nos hace pensar que el problema está en la ley vigente y no en un sistema que ni siquiera logra cumplir con la cantidad de días de clase establecidos?
Los argentinos somos reacios a la autocrítica y propensos a buscar soluciones mágicas, deberíamos revisar con seriedad, con apertura de espíritu y sin anteojeras ideológicas cuáles son las verdaderas causas de estos problemas y encontrar, realmente, la solución.