Es crucial analizar la realidad de los últimos años en materia laboral. Ahora el Senado tendrá la oportunidad de avanzar hacia una reforma más completa.
La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados el capítulo de la Reforma Laboral de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Entre los bloques se cruzaron acusaciones sobre la bondad o la perversidad de la reforma, y ambos bandos acusaban al otro de vivir en un mundo de ficción. Para escapar de esta dialéctica, es crucial basarse en un análisis objetivo de la realidad del mercado laboral, evitando sesgos ideológicos o narrativas ficticias.
Una parte fundamental de la reforma laboral apuntó a desregular el empleo estatal. Algunos diputados se ampararon en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional para destacar la supuesta «estabilidad laboral» de los empleados públicos en comparación con los trabajadores del sector privado. Sin embargo, en la práctica, esta «estabilidad laboral» se traduce en una dificultad para despedir a los empleados públicos, incluso cuando es necesario.
Para entender el contexto del debate legislativo actual por la Ley de Bases, es crucial analizar la realidad de los últimos años en materia laboral. Durante los últimos tres gobiernos, el empleo público aumentó más del 35%, superando en tres veces el crecimiento del sector privado asalariado durante el mismo periodo (enero de 2012 a diciembre de 2023). Sin embargo, lo que experimentó un aumento más significativo que el empleo estatal es el número de trabajadores monotributistas.
Este fenómeno se explica en parte por la inviable carga tributaria que enfrentan los empleadores al contratar trabajadores en blanco, así como por la proliferación de demandas laborales que llevaron a la quiebra a muchas pymes y obstaculizaron la creación de nuevas empresas en Argentina.
La postura de la oposición
Sectores opositores al gobierno argumentan que toda esta legislación atenta contra los trabajadores. Lo que no indican es que la legislación anterior no hizo otra cosa que deteriorar el empleo privado registrado. Observemos la composición del empleo registrado en Argentina:
Los opositores a la reforma parecen ignorar a los aproximadamente 8 millones de trabajadores no registrados o informales, que representan más del 45% del empleo según estimaciones basadas en la Encuesta Permanente de Hogares. Estos trabajadores carecen de representación sindical. La ley actual no contribuyó a formalizar su situación y el sindicalismo evitó abordar este tema hasta que surgió la «reforma laboral». ¿Qué acciones tomó el sindicalismo para abordar la informalidad laboral? En realidad, no muchas. Sin embargo, defendieron firmemente sus cuotas «solidarias», las cuales fueron retiradas del proyecto de ley actual. Estas cuotas son descuentos obligatorios de una suma acordada en los convenios colectivos de trabajo.
No tiene que extrañarnos que la informalidad laboral sea un problema si, según datos de un informe realizado por el BID, Argentina se ubica en el primer puesto, entre los países de América Latina y el Caribe, en términos de costos no salariales (aquellos que los empleadores deben pagar por encima de lo que cobran “en mano” los trabajadores) como porcentaje del salario neto de los asalariados registrados.
Trabajo en negro, otra cuestión a resolver en la Ley de Bases
La informalidad laboral está íntimamente relacionada con la pobreza, y más específicamente, con la baja calificación en términos educativos. Esto genera una brecha: las personas no son lo suficientemente calificadas como para acceder a un puesto de trabajo con salarios altos, dada la carga impositiva que supone tener un asalariado en blanco (en comparación con la plata que le “queda en mano” al trabajador luego de pagados los impuestos tanto del empleador como del empleado).
Y a su vez, las personas no son lo suficientemente productivas, como para a que a los empleadores les sea más rentable contratar un trabajador en blanco, que no contratarlo o contratarlo en negro, por un sueldo acordado con el empleado. El sistema de “protección social” atentó contra la formalización, por lo que un trabajador en negro, ante la opción de recibir un salario mínimo en blanco, prefería trabajar «en negro», ganando más y sin perder planes sociales.
Es evidente que el actual esquema impositivo y las políticas laborales contribuyeron a esta situación insostenible. Los altos impuestos, junto con la amenaza constante de demandas laborales, han desincentivado a los empleadores, especialmente a las micro y pequeñas empresas, de contratar nuevos empleados.
Productividad y el nivel impositivo
En otras palabras, la productividad argentina no tolera este nivel impositivo. Es necesario producir mucho más por persona (PBI per cápita) para que podamos alimentar al fisco de la manera en que lo hacemos. Como eso no es posible, una porción de los argentinos vive por fuera del sistema. Como los gobiernos saben que su presión impositiva es impagable, toleran la informalidad en lugar de realizar controles porque saben que la penalización llevaría a fundir a las empresas o a cobrar miserias a los empleados.
Por el contrario, dado el nocivo esquema de recaudación y distribución de los impuestos en Argentina (la bendita coparticipación federal) los gobiernos provinciales están incentivados a suplir la escasez de empleo privado formal, con empleo estatal. Así se generan distorsiones tan grandes tales como que más de la mitad de las provincias del país presentan más empleados estatales que privados.
Este sistema incoherente retroalimenta el costo del sostenimiento sobre los empleados registrados a nivel nacional. Sobre 6 millones de trabajadores privados registrados recae el sostenimiento del empleo público (3,4 millones), el aporte tributario que no realizan los trabajadores no registrados (aprox. 3,6 millones) y los jubilados y pensionados, que son aproximadamente 7 millones de argentinos (5,4 millones de jubilados; 1,6 millones de pensionados).
Sin dudas la salida de este sistema perverso, promotor del empleo informal y ocultador del desempleo con empleo estatal, se sale con una reforma laboral. Hay que volver a “darle forma” al sistema de contratación, sostenimiento y despido de los trabajadores en Argentina. La Ley Bases marcó un primer paso en la dirección correcta, a pesar de los artículos quitados del último proyecto de ley, debido a la presión sindical. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, y el futuro de la reforma laboral en Argentina dependerá en gran medida de la decisión que tome el Senado y de los posibles avances hacia una reforma más completa en el futuro cercano.