La Educación como Servicio Estratégico Esencial
La semana pasada, obtuvo media sanción la Ley de Educación como Servicio Estratégico Esencial. La ley obtuvo 131 votos a favor en un acuerdo mayoritario entre los bloques oficialistas, el Pro, UCR y Coalición Cívica. De los 95 diputados que votaron en contra, el 90% son de Unión por la Patria y los restantes, de la Izquierda, partidos disidentes y algunos diputados de la UCR. La intención del proyecto de ley es garantizar que haya clases los días de paro y promover el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase, 180 según la ley N° 25.864 sancionada en el año 2003 .
La educación es un derecho indiscutible, consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional y respaldado por tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, los opositores al proyecto de ley parecen dispuestos a sacrificar la educación de nuestros niños en pos de intereses gremiales.
Es inaceptable que, en un país donde la educación se reconoce como una herramienta fundamental para el desarrollo y la movilidad social, los paros docentes interrumpan el proceso educativo y nieguen a los más vulnerables el derecho a tener clases. Los estudiantes tienen un derecho inalienable a recibir una educación continua.
Varios países tanto en Europa como en América Latina declararon la educación como un servicio estratégico esencial. Alemania, Italia, Uruguay, Perú y Ecuador son ejemplos de naciones que implementaron políticas que protegen la educación contra interrupciones derivadas de conflictos laborales. Este reconocimiento internacional no sólo valida la dirección del proyecto de ley, sino que también alinea a la Argentina con los países comprometidos con la preservación del derecho a la educación.
La discusión no es sobre el derecho de los docentes a la huelga, sino sobre cuál es el derecho que debe prevalecer en la balanza: el derecho de los niños a una educación continua, o el derecho de los líderes sindicales a cerrar las escuelas por conflictos laborales. La respuesta parece evidente cuando se considera que las huelgas docentes tienden a afectar más a los estudiantes de escuelas de gestión estatal, generalmente de clase baja. En palabras de Alieto Guadagni, miembro de la Academia Nacional de Educación, «el derecho a una buena clase para los chicos pobres que van a la escuela debe prevalecer sobre el derecho de un líder sindical a cerrar la escuela»
El debate no es entre los derechos de los sindicalistas y los derechos de los niños; es una cuestión de justicia, de equidad y de sentido común. La prioridad es el derecho a la educación de nuestros hijos, que no deben ser utilizados como piezas en un juego de poder que no les pertenece. La educación es un derecho, no una herramienta de negociación.