El Artículo 17 de la Constitución Nacional establece que “la propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, salvo en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso puede imponer las contribuciones que sean equitativas y proporcionales a las posibilidades de los contribuyentes”. Según este artículo, el Congreso es el único que puede establecer cómo deben financiarse los gastos estatales. Sin embargo, en los últimos 15 años en Argentina, el Congreso “se hizo el distraído” mientras aprobó presupuestos que nunca sirvieron para determinar las contribuciones reales de los ciudadanos.
La fuente principal de financiamiento estatal son los impuestos. Si estos fueran suficientes, no tendríamos el descalabro inflacionario que sufrimos hace más de una década. Cuando el Poder Ejecutivo gasta más de lo que recauda, estamos ante un déficit fiscal constante. Los sucesivos gobiernos argentinos han gastado más de lo que recaudaron en 74 de los últimos 100 años (93 si contamos el déficit financiero).
El déficit fiscal es frecuente en muchos países del mundo, y especialmente persistente en América Latina y el Caribe, aunque no es común ver el uso indiscriminado del financiamiento del Banco Central al Tesoro Nacional. Tampoco es usual que se atribuya la inflación a teorías conspirativas sin fundamento, algo característico de países con poca transparencia política, dictaduras o en guerra civil.
Para simplificar, este déficit puede ser financiado de dos maneras: emitiendo bonos soberanos (deuda estatal) o recurriendo a la emisión monetaria del Banco Central. Respecto al primer método, Argentina tiene uno de los peores historiales crediticios del mundo, con 9 defaults en los últimos 50 años (3 en los últimos diez años), siendo el más reciente en mayo de 2020.
Además, la inflación local desalentó la deuda en pesos argentinos, por lo que Argentina recurrió constantemente al financiamiento extranjero. El riesgo país (EMBI+), que es la sobretasa que Argentina debe pagar para compensar el riesgo de impago de su deuda, está entre las más altas de Latinoamérica y el mundo.
Por esta razón, Argentina recurrió a la financiación mediante emisión monetaria. La alta inflación de los últimos 15 años se explicó principalmente por la política monetaria expansiva, que financia gastos gubernamentales con emisión monetaria sin respaldo de reservas en monedas “duras” (dólares, euros, etc.). En otras palabras, imprimimos billetes para gastar lo que no tenemos, pero esto lleva a que ese dinero cada vez alcance para comprar menos.
La inyección de dinero en la economía mediante la emisión monetaria para financiar el déficit estatal se llama impuesto inflacionario. Es “forzoso” como lo indica la palabra “impuesto”. El gobierno nos quita el dinero sin que nosotros realicemos el pago, aunque este efecto opera con rezago. El mecanismo funciona así: el Gobierno gasta más de lo que recauda por impuestos, imprime billetes y luego comienza la bola de nieve. Si el déficit fuera por un gasto puntual, tendríamos un aumento de precios y luego estabilidad. Pero al tener déficit por gastos corrientes, como sueldos estatales, jubilaciones y planes sociales, la bola de nieve crece cada vez más rápido.
Durante el 2023, el denominado “Plan Platita” de Sergio Massa debió ser motivo para llevar al Ministro a la Justicia, ya que financió su campaña política íntegramente con emisión monetaria e inflación futura. Sin embargo, esto no ocurrió. No importa que Argentina haya sido el país con más inflación del mundo en 2023, incluso superando a Venezuela (193%) y Líbano (192%). El Congreso no le adjudicó al tridente Fernández-Fernández-Massa la responsabilidad del problema. Esto se debe en parte a que el impacto del financiamiento vía emisión se siente con rezago, y a que opera a través de mecanismos indirectos, poco comprendidos por la gente. Aunque sorprende que tampoco lo entiendan los legisladores. O quizás el poder y el corporativismo sean más importantes que el bien común.
Epígrafe: Entre los países de la OCDE, sólo dos países superaron una inflación interanual del 10% en el año 2023: Turquía y Argentina.
El Pacto de Mayo estableció como segundo punto el “Equilibrio Fiscal Innegociable”. Esta es una oportunidad histórica para que el ancla fiscal se convierta, a partir de hoy y para siempre, en la clave que saque a Argentina del desequilibrio monetario que llevó a la presión fiscal más alta del mundo. El impuesto inflacionario no fue aprobado por ningún legislador y es el más inequitativo de todos, ya que afecta desproporcionadamente a los más pobres. Es crucial que el Congreso tome conciencia de esta realidad y actúe en consecuencia, asegurando que el financiamiento del gasto público sea responsable, evitando así el ciclo vicioso de inflación y pobreza que ha caracterizado a nuestra economía durante la última década.